Comenzamos el mes de enero con una trifulca entre las autoridades de Gobierno y banqueros, que destapó la olla podrida del aquel reclamo histórico que venimos propiciando con el Compañero Olmos, quien presentó las debidas pruebas y luego la Justicia le dio la razón: la deuda externa (así como la interna), fue y es un fraude al Pueblo Argentino. 
Por esta razón el Congreso de la Nación y la Justicia en su conjunto, deben abocarse de una vez y para siempre, a poner punto final a esta deuda histórica que  nos condena a la sumisión política. De igual forma, como hemos sabido llegar a fondo a fin de preservar los derechos humanos vulnerados de miles de ciudadanos argentinos que hoy ya no están, también debemos pensar en los derechos humanos de los sobrevivientes y de los que vendrán.
Estoy convencido que si debemos, deberemos pagar con honra, pero si nos han estafado, deberemos defendernos con dignidad.
Ésa es la verdad de la discusión y no los caminos que nos llevaron a ser espectadores de una pelea mediática que terminó como ya todos conocemos.
La otra realidad que se ha hecho visible en estos primeros meses del año es que  nuevamente una histórica enfermedad se ha instalado en las entrañas de nuestro país: LA INFLACIÓN. No es necesario hacer comentarios sobre los graves perjuicios que ella acarrea a todo el conjunto de la sociedad, porque esta historia la conocemos hasta el cansancio: los salarios subiendo por la escalera mientras los precios suben por el ascensor,  remarques, lucha por el salario devaluado, pobreza y la desazón de no poder crecer, son apenas algunas de sus consecuencias directas.
Y a esta situación se suma el agobio de un verano que supera a otros veranos calientes. Pero ello es también porque los sucesivos gobiernos no supieron darle solución a su Pueblo. Casi un 40% por ciento de la población argentina no cuenta con agua potable y otro tanto sufre la falta de energía eléctrica y mayormente, estos son servicios caros y están fuera del alcance del bolsillo de los más humildes. También es cierto que muchos argentinos veranearon en distintos lugares de nuestro país, pero un altísimo porcentaje, casi mayoritariamente pudo hacerlo gracias a los servicios que prestan las organizaciones sindicales, mutuales y de obras sociales, que se esfuerzan por hacer realidad las vacaciones y el descanso de sus afiliados.
Hoy, una vez más, el Gobierno hecha mano al dinero del trabajador y de las patronales que realizan el debido aporte para las Obras Sociales, considerando que este dinero forma parte de un tesoro del cual pueden adueñarse como si fueran piratas, en vez de distribuirlo, tal como señala la ley, a quienes lo utilizan en beneficio del trabajador activo y pasivo: las Obras Sociales, verdaderas destinatarias, quienes lo utilizan para pagar las prestaciones médicas, farmacéuticas, los tratamientos especiales para enfermos terminales  y de asistencia social.
Y ese dinero -que le pertenece legítimamente al trabajador- se vuelve, en estas circunstancias, un elemento que pretende doblegar a la dirigencia sindical, buscando volcarla hacia situaciones políticas, a las que muchos pueden suscribir o no.
odos los compañeros que integramos nuestras organizaciones, durante años, luchamos contra aquellos que quisieron destruir  a las Obras Sociales, por lo que sentimos que podemos volver a demostrar que estamos dispuestos a defenderlas.
Por eso, una vez más, nos volcamos a las calles movilizándo parte de las  estructuras del Movimiento Obrero para señalarle al Ministro de Salud que no estamos dispuestos a callarnos, por eso es necesario que se realice en los lugares de trabajo asambleas para esclarecer a nuestros delegados y compañeros, cuáles serán las consecuencias para nuestras familias  de persistir esta situación en el tiempo y a su vez, las medidas de lucha que debemos adoptar para conservar el sistema sanitario que tanto esfuerzo le costó a los trabajadores.
Comenzamos este 2010 con la definitiva sanción de la Ley de Medicamentos  que permite devolver el medicamento al mostrador de la farmacia a fin de preservarlo.
Durante años, muchos laboratorios productores, con la complicidad de funcionarios de distintas áreas, tanto fuesen nacionales, como provinciales y municipales, permitieron que se inundara la calle de medicamentos, sin ningún tipo de control y sin defender al consumidor y al paciente.
Especialmente esta situación afectó a los más humildes, a quienes se pretendió conformar con un decreto que estableció una categoría de medicamentos de segunda para engañar a nuestro Pueblo, decretando que con una sola palabra, “GENÉRICO”, tendrían medicamentos más baratos. Medicamentos que se entregaron sin ningún tipo de control.
Nosotros no nos callamos oportunamente y denunciamos este hecho e insistimos con nuestra idea: en DEMOCRACIA contamos con el Congreso de la Nación el que se encuentra plenamente facultado para modificar la Ley de Medicamentos que data de los tiempos de la Dictadura de Onganía.
Y también creemos que este Congreso está obligado a seguir los lineamientos históricos y ejemplares que nos legaron los doctores Ramón Carrillo y  Arturo Oñativia. Por esta razón, seguimos esperando que la Democracia impere en el país y le dé una solución duradera a la Salud Pública argentina, tan en crisis, tan vulnerable frente a los caprichos de sus gobernantes.
Es fundamental que los sectores no gubernamentales como son los partidos políticos y las organizaciones que se expresan en forma popular, tengan una sola consigna de aquí hacia el futuro: LA SALUD ES UNA SOLA Y PARA TODOS. 
Debe abrirse un abanico de posibilidades: el que cuente con más dinero, contrate servicios de excelencia pero el que no pueda, acceda a un servicio médico y farmacéutico que le garantice de igual forma la preservación de su salud.

Carlos Raúl Villagra .